La renovación del sistema de insolvencia para personas naturales no comerciantes

La Asociación Colombiana de la Industria de la Cobranza – Colcob, realizó en Bogotá el foro Renovación del Sistema de Insolvencia para Personas Naturales no Comerciantes

• Más de 100 directivos de las áreas jurídicas de las principales compañías del sector de crédito y la cobranza se reunieron en torno a la jornada académica de este evento.

• Entre los retos de los Centros de Conciliación, se destaca el poder facilitar la virtualidad para dar acceso a los clientes en dificultades que buscan solucionar su situación con los acreedores.

• De acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia, el saldo bruto de las operaciones en las personas naturales no comerciantes crece el 5.9% y el saldo en mora se incrementa en 21%.

Bogotá D.C., 22 de febrero de 2019. En el salón Buenos Aires del Club El Nogal en la ciudad de Bogotá, se llevó a cabo el Foro ‘Renovación al Sistema de Insolvencia de Personas Naturales no Comerciantes, Presencial y Virtual’, el cuál contó con la participación especial de la viceministra de Promoción de la Justicia, Juanita López, quien en la instalación del evento resaltó que el ministerio está comprometido en construir líneas de acción que sirvan para incrementar el uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en especial el uso del sistema de insolvencia para personas naturales.

Así mismo, la viceministra López afirmó que el Ministerio de Justicia y del Derecho, ha avalado 37 entidades para capacitar conciliadores en insolvencia de la persona natural, no comerciante, instruyendo a 961 profesionales en procedimientos de insolvencia. “Con el fin de prestar un mejor servicio en el procedimiento de insolvencia de persona natural, no comerciante como método de solución de conflictos, existen 258 conciliadores y 19 promotores en materia de insolvencia en todo el país”, anunció.  Finalmente, aclaró que de los 400 centros de conciliación que hay en el territorio nacional, 51 de ellos conocen de los procedimientos de negociación de deudas y de convalidación de acuerdos privados de personas naturales insolventes, no comerciantes.

Esta productiva jornada se dividió en dos momentos. Inicialmente se dio apertura al panel “De la norma a la práctica del operador y el acreedor”, el cual contó con la exposición de Martha Martínez, jefe de conciliación del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, espacio en el que aseguró que los principales conflictos del sistema de insolvencia inician con el desconocimiento de la norma, por lo que invitó a las autoridades competentes a hacer mayor promoción con énfasis en los criterios de interpretación. "Hemos realizado un ejercicio en el que identificamos 5 variables de revisión y cambio para la renovación del sistema de insolvencias: Tarifas, Ética, Roles, Control a actores del sistema y Cobertura y Acceso", explicó, al tiempo que hizo un llamado a los entes de regulación para que todos los centros de conciliación que presten el servicio del procedimiento de insolvencia, tengan el debido seguimiento y control.

Acto seguido, el vicepresidente jurídico de Asobancaria, José Manuel Gómez, realizó una intervención centrada en el análisis de la norma. "Entre las irregularidades del procedimiento de insolvencia, encontramos que hay acreedores quirografarios con porcentajes de votos altos que determinan las condiciones del acuerdo", afirmó. Así mismo, resaltó que hay vacíos en la norma como el procedimiento o trámite para deudores sin ingresos, activos ni patrimonio y advirtió que uno de los problemas del sistema es que la Superintendencia de Notariado y Registro no tiene la capacidad para hacer supervisión en todos los centros arbitrales del país. Por último, sugirió al Ministerio de Justicia diseñar en conjunto con todos los actores del sector, un manual de buenas prácticas para el trámite de insolvencia, que facilite y oriente sobre el adecuado uso del procedimiento.

Para cerrar este primer panel de exposiciones, Pedro Novoa, socio líder del área legal y protección de datos de la Firma MS Legal, centró su intervención en la importancia del ecosistema Fintech y la adecuada implementación de la ley para este tipo de negocios. “Las Fintech son las empresas que están revolucionando el mundo, Colombia es el tercer país con mayor creación de startup y junto con México y Brasil agrupan el 70% de estas iniciativas", afirmó. Reveló que, entre los problemas del actual régimen de insolvencia para las Fintech, principalmente se encuentra la asistencia a las audiencias por los elevados costos del traslado de personal, que alzan considerablemente el valor inicial de la deuda. “Debería existir la posibilidad de hacer acuerdos diferenciados conforme el tamaño del deudor, así como establecer correctivos para las deudas falsas", agregó.

Con la presentación de la abogada Diana Talero, coautora del régimen de insolvencia empresarial y de la Ley de garantías mobiliarias, se dio paso al panel ‘Sistema de insolvencia presencial y virtual – renovado’. Durante su exposición, explicó que frente a la interpretación de la norma hay inseguridad, lo que genera vacíos al aplicar el sistema de insolvencia para personas naturales que permiten usar el proceso conforme los intereses de las partes, lo cual es un despropósito. Aprovechó su intervención para hacer un llamado a las entidades del sector para que consulten todas las herramientas que favorecen la actividad de cobranza, como el procedimiento de ejecución de la garantía que realizan las Cámaras de Comercio de manera virtual y electrónica. Para finalizar, aclaró que el procedimiento de insolvencia no es una conciliación, por tanto, tiene un tratamiento diferente.

Finalmente, Néstor Santiago Arévalo director de Desarrollo del Derecho y el Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia, realizó una exposición pragmática de la norma, en la que respondió las preguntas del auditorio sobre este tema. Para el funcionario, es relevante fijar reglas claras para delimitar el ámbito de interpretación de las etapas del proceso normativo de la Ley 1564 del 2012, de igual forma, explicó que dentro de los aspectos constitucionales y normativos de los operadores de la conciliación, se debe tener en cuenta el debido proceso y el alcance de la regulación. “El hecho de que el Ministerio haga un trabajo de vigilancia y control, no quiere decir que los CAC no puedan solicitar la revisión de la norma, debemos afianzar los canales de comunicación en ese sentido", puntualizó Arévalo al cierre del evento.

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